Recibir una notificación de expediente sancionador por infracción urbanística puede generar inquietud, especialmente si desconoces el alcance legal de este procedimiento. En este artículo te explicamos detalladamente qué significa, cuáles son las fases del procedimiento sancionador urbanístico, qué sanciones se pueden imponer y cómo puedes defenderte con la ayuda de un abogado urbanista.
Un expediente sancionador urbanístico es un procedimiento iniciado por la administración urbanística (normalmente el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma) para castigar actuaciones contrarias a la legalidad en materia de urbanismo. Su finalidad es imponer sanciones por infracciones como construir sin licencia, incumplir normativas urbanísticas o utilizar el suelo de forma indebida.
La administración competente puede iniciar el procedimiento de oficio al detectar una posible infracción o a raíz de una denuncia urbanística. También puede actuar tras una inspección, un informe técnico o la queja de un vecino.
El proceso está regulado por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y por la normativa urbanística autonómica. Estas son sus fases principales:
Se comunica al presunto infractor mediante resolución de inicio, donde se detallan los hechos, la normativa infringida y la posible sanción urbanística.
El interesado dispone de 10 a 15 días hábiles para presentar alegaciones urbanísticas, aportar pruebas y defender la legalidad de sus actuaciones.
Tras estudiar las alegaciones, la administración formula una propuesta en la que mantiene, modifica o archiva la denuncia. Puede haber nuevo plazo de audiencia.
Se dicta resolución sancionadora o de archivo. Si impone una sanción, esta puede ser recurrida en reposición o en vía contencioso-administrativa.
Las sanciones pueden ir desde 600 € hasta más de 300.000 €, dependiendo de la comunidad autónoma y del tipo de infracción.
En muchos casos, además de la multa, se ordena el restablecimiento de la legalidad urbanística, lo que implica demoler lo construido sin licencia o revertir el uso indebido del suelo.
Actuar con rapidez es clave. Estos son los pasos fundamentales:
Un abogado urbanista en Alicante puede revisar si el expediente presenta defectos de forma, caducidad o falta de motivación.
Se pueden presentar licencias anteriores, informes técnicos, escrituras, fotos o informes periciales que acrediten la legalidad de la actuación o soliciten su legalización.
En algunos casos, la administración permite legalizar las obras, pagar una multa reducida o subsanar defectos para evitar la sanción más grave.
Si la resolución es negativa, puedes presentar un recurso de reposición o un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Sí, pero depende de si las obras son legalizables conforme al planeamiento urbanístico. Un abogado puede ayudarte a iniciar este proceso paralelamente al expediente sancionador.
El plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas varía según la legislación autonómica. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, suele ser de 4 años para infracciones graves y de hasta 15 años para las muy graves.
En nuestro despacho especializado en expedientes sancionadores por infracción urbanística, te asesoramos desde el primer momento para garantizar tus derechos y evitar sanciones innecesarias. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia.
El procedimiento sigue su curso y puedes perder la oportunidad de defenderte. Es clave presentar alegaciones.
Sí. Debes acudir a los tribunales si consideras que la medida es desproporcionada o ilegal.
No se recomienda. Puede haber problemas legales o responsabilidades para el nuevo propietario.
Puede durar entre 3 y 12 meses, según la complejidad del caso y la carga de trabajo de la administración.
Un expediente sancionador urbanístico puede tener consecuencias económicas y patrimoniales importantes. Si estás afectado por uno, es fundamental conocer tus derechos y defenderte con el apoyo de un profesional. Cuanto antes actúes, más opciones tendrás para evitar sanciones o legalizar la situación.